Por estos días, mientras en la agenda pública parecen imponerse discusiones superficiales, un problema tan grave como invisibilizado sigue golpeando a cientos de miles de vecinos de Malvinas Argentinas y de distintos distritos de la provincia de Buenos Aires: la presencia de arsénico en el agua que consumen familias enteras desde hace años. Un veneno lento, constante y silenciado.
En Malvinas Argentinas, gobernado hace una década por el oficialismo local —hoy representado por Leo Nardini, Noelia Correa y Luis Vivona— la realidad es cruda: solo un pequeño porcentaje del distrito accede a agua corriente, mientras la gran mayoría depende de pozos, perforaciones y redes improvisadas que no cumplen con los estándares mínimos de potabilidad. No es un dato nuevo, ni inesperado, ni desconocido para quienes conducen el municipio. Pero sí es un dato deliberadamente callado.
Porque lo verdaderamente escandaloso no es solo la presencia de arsénico: es la ausencia total de información, control y prevención. Ni una campaña oficial, ni un estudio masivo, ni un plan de contingencia. Nada. En diez años de gestión, nadie salió a desmentir, aclarar o informar sobre una situación que afecta directamente a nuestros niños y niñas, a nuestros abuelos, a cada vecino que, sin saberlo, está consumiendo agua contaminada todos los días.
Mientras otros distritos avanzan —algunos lentamente, otros con voluntad real— en obras de agua potable y saneamiento, Malvinas Argentinas sigue atrapado en un atraso estructural que no condice con los discursos grandilocuentes del poder local. Se inauguran plazas, luces LED y centros ornamentales; se multiplican los actos políticos; pero no se garantiza lo más básico y elemental para la vida: agua segura.
El problema del arsénico excede a Malvinas y golpea en distintos puntos de la provincia. Pero aquí adquiere una dimensión particular: no es que falten recursos, es que falta decisión política. A una década de conducción ininterrumpida, ya no hay margen para excusas. Las obras que no se hicieron no se hicieron porque no se priorizaron. Y la información que no se brindó no se brindó porque se optó por ocultarla.
La pregunta es tan simple como urgente:
¿Cuántos años más debemos esperar para que se tome con seriedad un problema que afecta la salud presente y futura de toda una comunidad?
Los vecinos de Malvinas Argentinas merecen respuestas, planificación, transparencia y acción. No discursos vacíos. No silencio. No indiferencia.
El arsénico no avisa, no golpea puertas ni milita campañas. Avanza lento, pero avanza. Y mientras tanto, el gobierno local mira para otro lado.
La salud de un pueblo jamás debería ser un tema secundario. Mucho menos, un tabú político. Pero en Malvinas Argentinas, desde hace diez años, lo es.
